Frente a las concesiones mineras autorizadas por el gobierno mexicano a empresas extractivas nacionales y extranjeras para explotar más de un millón de hectáreas en el Estado de Puebla, diversas comunidades de la Sierra Norte han desarrollado redes de apoyo y movilización para detener el avance de estas compañías. Este tipo de movilizaciones se caracterizan por ser impulsadas por organizaciones civiles sostenidas a través de recursos propios, mismas que actúan de forma independiente de los gobiernos locales con el objetivo de evitar la destrucción de sus comunidades por efecto de la contaminación ambiental generada por el impacto de la extracción a cielo abierto. En este texto se presenta una revisión de documentos sobre megaproyectos mineros y sus efectos en el medio rural, así como un análisis de las decisiones verticales de la autoridad que las sustentan, en contraste con el pensamiento de los pueblos originarios y el empleo de asambleas deliberativas para tomar decisiones por consenso en el caso de los defensores del territorio. Finalmente, se pone en entredicho el rol de los presidentes municipales de la región, y se identifican algunos elementos que podrían provocar la ampliación del conflicto y el crecimiento de los movimientos sociales en defensa del territorio y el agua en la Sierra Norte de Puebla.