El sistema constitucional democrático español se construyó en su día mediante una estrategia consociativa que dio lugar a unas reglas institucionales que se orientan en el sentido de una democracia asimismo consociativa. Una y otras reposan sobre el valor entendido de una competencia política moderada de orientación centrista (lugar donde se asienta el núcleo más numeroso de electores, si cuyo apoyo ninguna mayoría social es posible). Las sucesivas mutaciones del sistema de partidos se ha ido alejando de ese modelo, de tal modo que en el último cuarte de siglo se ha forjado una pauta bipartidista con marcada inclinación a la “política de adversarios”, agravada en los últimos años por la vacuidad creciente de unos partidos de débil afiliación, capacidad programática en declive, estructura interna autoritaria, en las que los incentivos ideológicos escasean y tienden a crecer los afiliados que buscan “incentivos selectivos”, y cuya competencia se desplaza en el sentido del emotivismo político, las políticas de imagen y comunicación y, en consecuencia, el irracionalismo político. La mala imagen de los partidos se entiende así sin dificultad, y la difusión del recurso a las técnicas y tácticas populistas no hace sino agravar el problema. Aparece así una contradicción creciente entre un diseño institucional de propensión consociativa y unos partidos y una competencia política inclinada a la política de adversarios. El resultado es el deterioro creciente de un sistema que, además, tiene grandes dificultades para reformarse. Dificultad que se ve agravada por cuanto a los ajustes institucionales necesarios (que exigen consenso) se ven obstaculizados por unos usos y prácticas políticas dominantes cuya dinámica es diametralmente opuesta. Sin reformas de ambas clases el provenir de la democracia constitucional en España se presenta oscuro.