La transición política española propició una serie de cambios que, no por casualidad, se evidenciaron con mayor claridad en la ciudad, donde las políticas abstractas se definen y concretan. Durante los años 60 y 70, el denominado «desarrollismo » sobrevaloraba aquello que consideraba moderno en detrimento del patrimonio local y la memoria ciudadana. Ante dicho escenario, los primeros mandatos municipales de la democracia trataron de construir ciudades que, ancladas en la identidad y la comunicación promoviesen la integración y el arraigo de sus vecinos. Para ello se trató de subsanar el déficit de las infraestructuras urbanas e incrementarlas políticas públicas se fomentaron las tradiciones que unían al vecindario, entre otras. Las elecciones municipales del año 1979 insuflaron un aire de apertura mediante ciudades cooperativas y mancomunadas potenciando la cooperación interior y exterior. Los vecinos se implicaban en la vida política dado que la acción de los partidos políticos revertía en políticas concretas. Fue a partir de finales de los años 80, y dura hasta nuestros días, cuando la primacía de poder de los partidos empezó a imponerse sobre las políticas sociales locales. Para dignificar la política actual, esta debería recuperar su carácter de vecindad, es decir, de cercanía.